Pues básicamente tiene dos problemas:
1-Tenemos que tragarnos las regularizaciones canadienses aunque fueran contrarias de las nuestras (que de hecho ocurre). Esto es, que si aquí tenemos unas leyes más restrictivas que en Canadá respecto a producción agrícola, ganadera, industrial, etc., pues igualmente pueden meter aquí sus productos. Osea, que si eres de Albacete no puedes utilizar según qué insecticidas para tus berenjenas pero si eres de Québec sí los utilizan y después pueden colocarlos aquí en el mercado español. Y quien dice fertilizantes dice alimentos transgénicos (que ahí está la polémica en este campo).
2-El Tratado estará por encima de las legislaciones nacionales de los Estados, de manera que en caso de conflicto se resolvería en unos Tribunales de arbitraje especiales. Así, si una multinacional canadiense hace lo que sea que aquí sea ilegal, nuestros tribunales no podrían hacer nada, sino que esos tribunales de arbitraje fallarían según lo que diga el tratado, el CETA. En definitiva, las multinacionales podrían campar a sus anchas por los países europeos sin tener que rendir cuentas ante nuestros sistemas judiciales.
Es por eso que el CETA ( como el TTIP, equivalente para con los EEUU, que está en preparación) supone una agresión contra nuestra soberanía, es decir, contra nuestras instituciones propias y nuestra capacidad de decidir nosotros mismos como funcionan las cosas en nuestro país.